La imprescriptibilidad de la acción penal, lejos de representar una medida desproporcional, ofrece la posibilidad de proteger bienes jurídicos de valorismo valor para la sociedad, donde el trascurso del tiempo no pueda ni deba favorecer al representante estatal, quien tradicionalmente instrumentaliza dicho instituto, al aletargar, obstruir o, en el mejor de los casos, prolongar un procedimiento estatal, a fin de obtener un beneficio, vale decir, el archivo de su causa, logrando así su impunidad, aspecto que por su gravedad trasciende el ámbito de su lesividad, dañando ya no solo bienes funcionales, sino más bien derechos fundamentales.

En ese sentido, su regulación y fundamento jurídico representan la necesidad del Estado de fortalecer un mecanismo de prevención contra la alta corrupción, cuya evolución sistémica y generalizada requiere una respuesta excepcional, coherencia y garantía, propio de un Estado democrático de derecho.