Este libro no es solo uno de fiscalización, sino que intenta construir una teoría funcional que podría ser aplicable a una serie de actividades de la Administración que se realizan con fines eminentemente gestores y ejecutivos.

Aborda también las garantías que el Derecho ofrece a la ciudadanía frente a la fiscalización administrativa, identificando el papel de la legalidad y la proporcionalidad en la construcción de esta potestad, a través de casos ligados a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o el derecho a no autoincriminarse.

Se estudia con atención el acta de fiscalización. Hoy por hoy, la mayoría de los tribunales nacionales tiene a este documento como un medio probatorio de altísimo valor. Para muchos de estos, y también para la doctrina, es un acto administrativo, con la regulación que ello trae consigo.

De ahí que este sustrato de papel haya desarrollado una teoría de validez y eficacia similar a la de actos finales en un procedimiento administrativo. El autor se encarga de modular esta clásica concepción a través de doctrina y casuística sobre la materia.

El libro no solo propone definir la fiscalización, sino que, de manera muy escrupulosa, va diferenciando el objeto de estudio frente a otras categorías similares, tales como la vigilancia, la estadística, los registros administrativos, los censos o las propias advertencias mediante órdenes.

 Así, en el contenido de la obra, se plantean claramente los tintes de diferenciación que hacen de la fiscalización una noción singular y capaz de mantener una autonomía conceptual, en medio de la cada vez más compleja policía administrativa: la actividad cognoscitiva del Estado ejercida con la finalidad de prevenir o corregir, con cierta prontitud, los desórdenes de un sector regulado.