Con la presente actualización de mi libro del 2004, pienso ocuparme del nuevo horizonte legislativo de los delitos contra la competencia. En estos más de 16 años, ha corrido mucha agua bajo el puente. Sin embargo, hay algo que lamentablemente permanece igual: la casi nula persecución de los delitos contra la competencia.
En los últimos años, el sistema penal se ha convertido en el discurso preferido de los políticos para resolver los problemas que aquejan especialmente a la sociedad peruana y, por eso, su ámbito de incidencia se ha focalizado fundamentalmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción pública.
Los delitos económicos y, dentro de ellos, los delitos contra la competencia constituyen un discurso académico de poco interés práctico. Sin embargo, si la opinión pública fuese un poco más consciente de la lesividad social de estos delitos, seguramente aumentaría el interés político por su persecución. Al parecer, intereses empresariales estarían jugando a favor de mantener esta situación de ignorancia social.
Obviamente, con este trabajo de carácter dogmático no se pretende resolver el problema de la falta de condiciones para la efectiva persecución de los delitos contra la competencia, pero sí, por lo menos, dejar preparado el camino jurídico para que, cuando estas condiciones se den, los tribunales penales puedan caminar sobre un terreno que, cuando menos, la doctrina ha preparado suficientemente.
