Al igual que las ediciones anteriores, se persigue un doble objetivo. Por una parte, la actualización del texto. Para tal efecto, se ha consultado, citado y comentado las últimas modificaciones al Código Penal y, lo que considero más importante, los más recientes precedentes jurisprudenciales emitidos por las salas penales de la Corte Suprema.

Es obvio que el derecho penal aplicado en un país es lo que la máxima instancia de la justicia penal ordinaria señala o interpreta. En este caso, el derecho penal sobre los delitos contra la administración pública es lo que las salas penales de la Corte Suprema de la República interpretan y aplican en la solución de los casos judiciales reales. Los jueces penales no hacemos derecho penal sobre la base de ejemplos de laboratorio, sino conforme a hechos que han ocurrido en la cruda y cruel realidad, hechos que necesitan ser juzgados y, de ser el caso, sancionados jurídicamente.

Por otra parte, también se persigue el objetivo de replantear y ampliar algunos conceptos dogmáticos sobre los delitos que son objeto de la hermenéutica jurídica, cuya explicación razonable la encontramos en los cambios legislativos que se han producido al maltratado Código Penal de 1991, así como en los replanteamientos jurisprudenciales que se han producido a consecuencia de los cambios legislativos ocurridos.

Con esa finalidad, se consultaron las fuentes bibliográficas de las últimas publicaciones respecto de los delitos que ponen en peligro o lesionan el normal y transparente funcionamiento de la administración pública, que no es otra cosa que el Estado mismo.

El estado de la cuestión es que, actualmente, resulta evidente que los delitos contra la administración pública más graves atacan directamente a los derechos humanos de todos y, con mayor fuerza descarnada y escalofriante, de los más vulnerables, es decir, de los ciudadanos que viven en pobreza y muchos otros en extrema pobreza económica y social.

Cuando se materializa un acto de corrupción, como colusión o peculado, por ejemplo, los más necesitados se quedan sin el servicio o la obra pública presupuestada por el Estado. Cuando los sujetos públicos se apropian del fondo público, a los más vulnerables se les niega descaradamente el servicio o la obra pública programada.