Con cierta frecuencia, tomamos conocimiento de la insatisfacción de cierto sector ciudadano hacia la gestión pública, en razón de la débil planificación e indefinición en su visión institucional, servicios públicos no óptimos y de limitada calidad, y por la insuficiente transparencia y el desconocimiento sobre la utilización de los recursos del Estado y las omisiones en la rendición de cuentas.

Ante ello, corresponde al Sistema Nacional de Control (SNC), teniendo como su ente rector a la Contraloría General de la República, efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de la normatividad y de los lineamientos de política y planes de acción.

Si bien en las políticas públicas existen significativos esfuerzos para mejorar la gestión gubernamental, estos no resultan suficientes, entre otros, por debilidades en los controles internos poniendo en riesgo los recursos y bienes asignados a las entidades, así como las deficiencias en la designación de los funcionarios, primando el criterio de la confianza por encima de la capacidad, idoneidad y las cualidades personales; y la improvisación en la conducción de la entidad, sin un horizonte claro en cuanto a su proyección a un determinado plazo, aspectos negativos que contribuyen a la corrupción en el aparato estatal, y la consiguiente falta de credibilidad en las autoridades y la afectación en la imagen institucional.