El contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal-legitimado para intervenir en la actividad probatoria- a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios de prueba aportados por él al proceso, con el objetivo de acreditar los hechos que configuran sus pretensiones o su defensa.

Por tratarse de un instrumento que se materializa dentro de un proceso, su contenido está delimitado por una serie de principios, entre los cuales pueden mencionarse: el principio de pertinencia, de idoneidad, de utilidad, de licitud, de contradicción y de debida valoración, entre otras dimensiones que garantizan la actividad probatoria y la formación del torrente probatorio.

La importancia que representa la prueba en el proceso penal, y por supuesto, en las demás materias de litigio, es evidente. En el campo penal, se ha puesto especial énfasis en el desarrollo de esta temática por una sencilla razón: compromete derechos fundamentales, como la libertad; motivo suficiente para realizar estudios pormenorizados acerca del estándar de la prueba, la evaluación de la misma, entre otros puntos de gran relevancia para el manejo y administración de la prueba en el proceso penal.

Asimismo, el estudio realizado en este libro sobre la prueba penal no ha sido ajeno a lo señalado por la jurisprudencia nacional sobre las decisiones relacionadas con la actividad probatoria, tanto en primera como en segunda instancia; por lo que se han seleccionado algunas sentencias que deberán ser tomadas en cuenta para mayor entendimiento y claridad del tema.