Una de las novedades y extremas polémicas que introdujo el novísimo estatuto adjetivo en materia punitiva fue la institución procesal de la condena del absuelto (arts. 419.2 y 425.3.b del Código Procesal Penal), tema que ha merecido pronunciamientos no solo de nuestros jueces penales, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes Superiores, sino también por parte de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso Oscar Alberto Mohamed vs. Argentina, aparte del valioso aporte que ha tenido la doctrina nacional al respecto.

El tema central del libro es de primordial interés para el país, ya que aborda una cuestión pendiente que requiere definición en el Perú, para remover la afectación al Estado democrático que la condena penal en instancia única, como de lege lata se ha establecido, representa.

Es conocido que el ejercicio del ius puniendi o poder estatal de punición debe hacer efectivo el control social a través de la aplicación del derecho penal material racional al supuesto de hecho concreto como fruto de la realización del due process of law o debido proceso o juicio justo con que se legitima la determinación judicial de absolución o de condena, dando lugar a su vez al ejercicio reglado del derecho de revisión de lo decidido, en especial en la sentencia de condena en que varios de los derechos esenciales del procesado se afectan.

Es de verse que al estudio que ha enfrentado el autor, como reto académico personal, se suma positivamente a otros esfuerzos académicos, ello en aras de esclarecer la conciencia jurídica colectiva. En este aspecto, ha abordado con profundidad analítica y singular solvencia, siendo uno de los aspectos más trascendentes y polémicos del ámbito procesal peruano en los últimos tiempos.