El presente trabajo abarca la tensa relación entre el derecho procesal penal y la Constitución. El Estado, que tiene entre sus funciones garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, busca el equilibrio entre este objetivo y el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, reflejándose en las garantías a brindar en el proceso.

El Código Procesal concibe la eficacia en la persecución penal mediante diferentes medidas que, con mayor o menor intensidad, restringen derechos constitucionales, siempre que sean razonables y proporcionales. 

Se han seleccionado las principales medidas limitativas de derechos requeridas para la búsqueda, recogida y aseguramiento de fuentes de prueba, las que han sido desarrolladas conforme a la dogmática constitucional y procesal penal. En el primer capítulo, se desarrollan los requisitos y presupuestos para cualquier medida limitativa o restrictiva de derechos en la búsqueda de fuentes de prueba.

En cada uno de los capítulos siguientes, se expone, primero, sobre los derechos fundamentales que puedan ser afectados con la medida o acto en mención, para posteriormente realizar un análisis conceptual e interpretativo de las disposiciones del Código Procesal Penal, y, finalmente, complementar con jurisprudencia correspondiente.

Así, abarcamos 5 medidas: la videovigilancia, las pesquisas, las intervenciones corporales, el allanamiento y la intervención de las comunicaciones telefónicas; una por cada capítulo.

De esta forma, se pretende contribuir esencialmente a una aplicación de las reglas del Código Procesal Penal que respete de manera rigurosa la Constitución, y no que la averiguación de la verdad o la persecución penal se considere un fin sin tener en cuenta la legitimidad de los medios empleados.