Un Código Penal y un Código Procesal Penal, al que se incorporan las interpretaciones vinculantes formuladas por el Tribunal Constitucional, están llamados a brindar una ayuda relevante tanto a los operadores jurídicos en el ámbito penal en su labor argumentativa como a la misma justicia penal, hoy tan dramáticamente exigida de contenidos materiales a la hora de enfrentar los distintos retos que la sociedad le ha planteado.

Sin embargo, es importante insistir en la idea de que la satisfacción de la necesidad de conocer las interpretaciones concretadoras de la Constitución formuladas por el Tribunal Constitucional no se hace con el propósito de convertir a los operadores jurídicos en autómatas que siguen ciegamente tales interpretaciones, sino que se hace con la vocación de conocer las normas jurídicas que conforman el derecho constitucional vigente hoy en día para, desde ellas y como consecuencia directa de la normatividad de la Constitución, evaluar la validez material de los insumos normativos sobre los cuales se construirán las distintas decisiones llamadas a resolver con justicia los distintos problemas jurídicos.

La única manera seria y responsable de construir paz y desarrollo en todos los ámbitos de la realidad nacional y para todos por igual es sobre la solidez que depara la justicia. Es esta misma finalidad la que obliga al operador jurídico a saber identificar y desmarcarse de eventuales—afortunadamente pocas—interpretaciones inconstitucionales que formule el Tribunal Constitucional.

Esta publicación no solo recoge las interpretaciones de la Constitución establecidas por el Tribunal Constitucional en relación con categorías, conceptos o instituciones jurídicas penales recogidas en el Código Penal y en el nuevo Código Procesal Penal hoy vigentes, sino también recoge todas otras declaraciones relevantes del Tribunal Constitucional que, sin tener carácter normativo (y, por tanto, sin ser vinculantes), pueden ser de interés para los operadores jurídicos penales.