El presente libro representa una síntesis del análisis dogmático y político criminal de los delitos contra la Administración Pública. Se muestra un análisis histórico de la corrupción en el Perú (mercantilización de la función pública) anclados en exámenes dogmáticos rigurosos del delito de cohecho, penetrando así en el concepto de funcionario público a efectos penales, desde su visión de especialidad reguladora que incide en el plano dogmático de autoría y participación, que es de especial relevancia en orden a establecer esferas de responsabilidad penal (alcances en la determinación e individualización de la pena y en la prescripción de la acción penal).
Identificar las diversas tipologías de cohecho (como los medios comisivos, soborno) resulta fundamental en un modelo político criminal encaminado a ejercer mayores cuotas de intervención del ius puniendi estatal, así como de ajustar la ley penal a los tratados y convenios internacionales sobre la materia (soborno internacional pasivo). A ello hemos de añadir la necesidad de haberse tipificado los delitos de cohecho de la función policial conforme perspectivas criminológicas y de política criminal.
De hecho, en la perpetración de los delitos de cohecho, sobre todo los de alcance internacional, se analiza la responsabilidad de la persona jurídica bajo la óptica de los programas de prevención (tanto en el ámbito público y privado) o el llamado compliance.
También se realiza un trazado dogmático y político criminal de los delitos de negociación incompatible con el cargo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal por parte de diversos autores, figuras delictivas de enorme potencialidad lesiva para con los principios jurídico-constitucionales que guían la actuación pública en un Estado democrático de derecho y de especial incidencia en el contexto del COVID-19, en el cual no pocos funcionarios aprovechan su privilegiada posición institucional en el aparato público del Estado para gestionar intereses (privados) ajenos a los estrictamente generales, propiciando una defraudación legítima de los comunitarios.
Es importante acotar que se procede al examen y revisión del comprador de humos en el delito de tráfico de influencias, considerando para ello el bien jurídico tutelado en el artículo 400 del Código Penal para, finalmente, hacer un excursus sobre la empresa en el marco del proceso penal especial de colaboración eficaz.
