No obstante, existe cierta coincidencia en que la idea básica detrás del concepto es que el ejercicio del poder estatal no se ejerza de forma arbitraria y abusiva, sino que se encuentre regulado y limitado por el derecho a fin de asegurar la libertad y los derechos de las personas.

Esta aproximación básica al Estado de derecho implica, primero, el sometimiento de todas las autoridades a la ley general, la cual es promulgada por un órgano legislativo (democrático o no); y segundo, que existan órganos capaces de asegurar el respeto a la legalidad, como lo son los poderes judiciales y los jueces que los integran.

Sin embargo, para controlar efectivamente la sumisión de las autoridades a la legalidad, los poderes judiciales requieren, en un sistema democrático, de la garantía efectiva de la independencia judicial, lo que motivará la resolución pacífica, objetiva e imparcial de los conflictos.

Esta última premisa conlleva de manera lógica al importante rol que ejercen los jueces y los jurados en el marco de los sistemas judiciales, cuestión que llevó a los autores a desentrañar los elementos centrales de la jurisdicción en las democracias contemporáneas.