La oralidad civil no solo implica un cambio de normas, sino es más bien un cambio de mentalidades y de entender al mismo proceso judicial no como un asunto exclusivo de abogados o jueces, sino como una política pública orientada al ciudadano, en correspondencia con el artículo primero de nuestra Constitución que sanciona como fin supremo del Estado a la "persona" y, reitera y reafirma "humana".

Así, con la oralidad se trata de devolver la justicia a su verdadero receptor que es el individuo, para de esta manera obtener una decisión justa basada en derecho y sobre todo célere, y sobre todo una justicia con rostro humano.